El Litoral vacante

Extrañamente, la información brindada por Planeamiento Urbano municipal a El Litoral, incorpora dos manzanas ocupadas, desde hace una década por las empresas NatiónS.A. y Cavi S.R.L (Vitacar) que, hasta el día de hoy se ignora bajo que título ocupan el espacio público y al ser denominada “área vacante” si tienen permiso municipal otorgado. Por lo demás queda expuesto, que el desconocido “Master Plan” Terminal nada tiene que ver con la Estación, sino con el proyecto IRSA de apropiación del espacio público de alta calidad para proyectos inmobiliarios bajo la figura tramposa de “Público-Privado” que ya se llevó puesta una plaza (Parking Alberdi). Omite el “relevamiento” el edificio de tres plantas perteneciente al Ejército en la esquina sur-oeste de Belgrano e Hipólito Irigoyen. AMPLIAREMOS.

Pablo Benito –  La concesión de la Terminal de Ómnibus, según cifras fiscales –no municipales porque jamás fueron transparentados los montos objeto de la concesión- facturó entre 12 y 16 millones de pesos mensuales en el corriente año. En los últimos meses Netoc S.A. – la cordobesa concesionaria actual – pagó $ 22.000 por mes, de canon, en razón de una prorroga otorgada por el Ejecutivo y aprobada por Ordenanza con la sola abstención de los concejales Alejandra Obeid y Juan Cesoni. En ese mismo acto legislativo, la Ordenanza N° 12.281 (ver) de Junio de 2016, señalaba –además de la prórroga por 15 meses- el final de la relación contractual con NETOC S.A. iniciada en 2001, Ordenaba, también, la elaboración de un “Master Plan de Renovación y Desarrollo Urbano” para el área de la Estación Terminal de Ómnibus y su entorno. El proyecto estaría a cargo de una Comisión de Trabajo integrada por cuatro concejales y representantes de las Secretarías del DEM. La misma, se obligaba a convocar a la “Comisión Permanente de Actualización del Reglamento de Ordenamiento Urbano.” 

La Ordenanza establecía plazos perentorios; de 10 meses para la confección del referido Master Plan; y “3 meses antes (abril de 2017) a la finalización de la prorroga el Ejecutivo debía – no podría – elaborar los pliegos y convocar a una nueva licitación para la concesión de la administración y explotación de la Estación Terminal de Ómnibus”.
Tal como lo veníamos denunciando en Periodismo Salvaje (ver), una de las más onerosas concesiones municipales a las que se anexaba – mediante el relato de un “Master Plan”- los mejores terrenos públicos de la ciudad en la continuidad geográfica y política del inescrupuloso negociado inmobiliario del Puerto de Santa Fe, tenía el nombre de IRSA (gigante israelí inmobiliario y accionista mayoritaria del Banco Hipotecario) como inversor– lacrado en la cabecera de la maniobra administrativa cómo beneficiario, final, de la entrega del patrimonio público. Se venía direccionando una burda operación que podría ser adjetivada como negligente, inocente o corrupta – por supuesto que, quien suscribe, se inclina por definir la maniobra como corrupta, dado que no se puede considerar a José Corral, ni negligente ni, mucho menos, inocente cuando de operaciones económicas público-privada se trata. (ver: “Un nuevo Parking Alberdi…”).
Tal como anticipamos iría a ocurrir, los plazos no se cumplieron, el proyecto no se conoce, la Comisión de Trabajo mixta (concejales- funcionarios) no elaboró plan alguno, ni cumplió plazos. Tampoco se convocó a  la participación de instituciones de la sociedad civil, ni a organizaciones empresarias o de trabajadores y, menos aún, se convocó -formalmente- a la Comisión de seguimiento del ROU establecido como condición sine quanon de la elaboración de los pliegos licitatorios y los lineamentos del Master Plan referido.
La historia de “Parking Alberdi” se vuelve a repetir. Silbando bajito – aprovechando la siesta de la oposición y la inocencia de la opinión pública gestada bajo estricto cerco mediático- el Intendente de Santa Fe, violando todos los preceptos legales establecidos en las normas generales y en su propia resolución que homologa la Ordenanza N° 12.281, firma el decreto  00547/17 del 28 de Julio, llamando a licitación pública para concesionar el “servicio de administración, explotación comercial y puesta en valor de la Estación Terminal…”. En el decreto se refiere a los lineamientos de un Master Plan que siquiera existe, ni ha sido elaborado por quienes, la Ordenanza indicaba, debían hacerlo.  Obviamente, la deseada intervención municipal, no ha tomado estado público (de más está aclarar que no se puede mostrar lo que no existe). Ver El litoral/7 de mayo 2017

¿Cuándo se abrirán los sobres de las ofertas?
Mañana, lunes 28 de agosto, es la fecha fijada para la consumación del escándalo. Siquiera el matutino, que hoy – domingo 27-  titula: “Buscan renovar la terminal y su zona”, fue informado del acto administrativo venidero. El municipio esconde, al único diario de Santa Fe, que mañana se define un negocio de casi 200 millones anuales por los próximos 8 años. (ver) Incluso, en la nota de referencia, se menciona el accionar de la Comisión de Trabajo y que “El Master Plan de la Terminal surgió de procesos de consulta con actores provenientes de diversos ámbitos: especialistas y académicos, organismos oficiales de control multinivel, usuarios y empresas de transporte de pasajeros, el concesionario actual, agrupaciones de comerciantes y miembros del Safetur”. Muy distinta, a la versión oficial brindada a El Litoral por el municipio, desde Periodismo Salvaje denunciamos la renuncia del concejal Saleme a la Comisión, por no ser informado de reunión alguna y el descargo de la concejal Aeberhard en la que denuncia la Comisión del Ejecutivo de la presentación de pliegos y proyecto en tiempo y forma.(ver). No existen actas ni se ha abierto la Comisión a consulta alguna.

La pregunta de los millones es ¿Quién empresario podría, en 20 días corridos, elaborar un informe de riesgo con un vínculo a 8 años por millones de pesos?¿Qué empresa puede conocer los números de facturación, que el municipio no ha transparentado, de la concesión como para decidir si es viable lo que el pliego le obliga, ya que el plan de obras y las mismas ya están estipuladas en plazos y costos? (Acceso a pliego licitatorio)
Las respuestas, en este caso, también son tres. 1) Una empresa que conocía desde antes el pliego e hizo inteligencia financiera para saber de qué se trata el negocio. 2) Una empresa que, directamente, armó el pliego de acuerdo a sus conveniencias y fue firmado por el Intendente. 3) Una empresa irresponsable y temeraria de un propietario que pudo haber ganado la lotería y no sabía qué hacer con el dinero y, en el caso de perderla, no le importaba.
Cómo la tercera posibilidad es fácilmente descartable, nos quedan las otras dos que están más acordes con la manifiesta intención del Intendente de esconder información, violar la legalidad de las ordenanzas e involucrar a concejales y entidades como escribanos que legitimen la maniobra “apremiada por los plazos legales”.
Para finalizar y para que el lector tenga una idea de que sólo podría presentarse a la licitación – con 20 días de plazo-  alguien que crea en Corral como en Dios o como en sí mismo… extractamos un hallazgo de la literatura “licitatoria” de gran imaginación e innovación ficcional. El art. 11 del pliego licitatorio – que no pasó por el Concejo- establece los “EFECTOS JURÍDICOS DEL LLAMADO: La autoridad licitante no queda obligada ni asume responsabilidad alguna por el llamado a Licitación y podrá dejarlo sin efecto parcial o totalmente, en cualquier etapa de su tramitación, incluso luego de la adjudicación y con anterioridad al perfeccionamiento del contrato, sin necesidad de expresar causa o justificación y sin lugar a indemnización alguna”.
Es decir que el empresario se arriesga a tomar la concesión, con la premura de definir sus próximos 8 años en 20 días de análisis de riesgo, a sabiendas de que el Intendente, si no le gusta la cara del ofertante o alguien – Concejo, Tribunal de Cuentas, Justicia u opinión pública- le hace “tochi” a esta licitación millonaria amañada, el hombre puede retroceder todo y dejarte con el tujes al norte y a los gritos.
De alguna manera, está clausula refiere a la seguridad jurídica… pero del Intendente para que pueda salirse de su responsabilidad si es que a alguien se lo ocurre preguntarle a un Fiscal, o darle cabida a este periodista e inquiera sobre la posible comisión de un delito ante la caprichosa obsesión por desconocer la legalidad de la propia normativa municipal y el ocultamiento de información pública básica a quienes pretendan participar de este soberbio acto administrativo que siquiera ha guardado un mínimo de detalle en sus formas.

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