Consideraciones Jurídicas sobre resolución 23.817. Concesion Terminal

Pablo Benito – Cual si fuesen documentos desclasificados de Inteligencia, accedimos a otra Resolución de facto de José Korral, por la cual prorroga la prestación del servicio de la Estación Terminal hasta Febrero de 2018. La Resolución, fechada el 12 de Julio de 2017, determina a pedido de la empresa NETOC. S.A. una prorroga en razón de “la presentación referenciada, el Sr. CÉSAR ALEJOS, en su carácter de apoderado de la firma NETOC SOCIEDAD ANÓNIMA, solicita en fecha 30.06.2017 que se arbitren los mecanismos conducentes para una correcta recepción del predio donde funciona la Estación Terminal de Ómnibus “General Manuel Belgrano”, como asimismo para que se asegure la continuidad del funcionamiento de los servicios que allí se prestan, informando que el próximo 17 de julio procederá a remitir al personal dependiente las comunicaciones del preaviso previo al cese de la relación laboral, en cumplimiento de las disposiciones laborales vigentes”.

Es decir que, bajo cuerda de una Ordenanza que prohibía, expresamente, la prórroga del contrato vigente – a expensas de un mensaje enviado en marzo de 2016 por el propio Intendente- alegremente y en lo oscuro, José Corral se sienta con la empresa y arreglan “unos meses más” (6 meses) regalarle a Netoc S.A. la explotación comercial y la administración de la misma – cabe recordar que la empresa abona $ 22.000 de canon por un negocio que factura no menos de 15 millones de pesos mensuales, según datos fiscales no publicitados por el municipio.
La capacidad de asombro de la temeridad del Intendente nos somete a límites inconfesables- Además de pretender otorgar – al margen de la ley- la concesión de la terminal, por 8 años (extensivos a 16) a la misma empresa que explota la totalidad del transporte urbano – en manos de Rossi & Romero, el jefe de gobierno otorga, a sola firma, la extensión de un contrato que, supuestamente, estaba siendo tratado por el Concejo.
Sube la apuesta, el Intendente, y engaña a periodistas, medios, concejales y, por su intermedio, a la población, mintiendo la finalización próxima de un contrato que el mismo prorrogó.
A esta altura de los acontecimientos es inevitable la judicialización de un caso cuyos caminos administrativos conducen – inevitablemente – a la comisión flagrante de un delito estampado con la firma del Intendente.
Difícilmente, el rugir de los motores del STC 2000 puedan disimular esta bomba de tiempo que el propio Intendente colocó bajo su propio sillón de mando.