Pablo Benito para Notife (fragmento)– Esta es una nota “fácil” de escribir pero difícil de dejarla. Los casos de violencia institucional sobre niños, en estado de desamparo, se repiten y culminan siendo una constante, una regla. No es esta una apreciación jurídica

El periodismo no tiene por qué – y es necesario que así sea- atenerse a una discusión jurídica que, en este caso, está saldada desde el “vamos”. Los derechos del niño prevalecen sobre cualquier otra norma a partir de la institución jurídica universal del “Interés Superior del Niño” que, además de un derecho establecido y humano, es un principio y una norma –protocolo – de procedimiento

  • Un derecho en tanto el interés del niño/a, es superior toda vez que se prime al valorar distintos intereses para decidir sobre una cuestión que le afecta al menor.

  • Un principio porque si una DISPOSICIÓN JURÍDICA ADMITE MAS DE UNA INTERPRETACIÓN, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva el interés SUPERIOR del niño

  • Y es una norma de procedimiento, siempre que se deba tomar una decisión que afecte el interés de niñas y/o niños, el proceso deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones de esa toma de decisión en los intereses de las niñas y niños. La evaluación y determinación de su interés superior requerirá garantías procesales. Se debe, por ejemplo, dejar explícito y explicar cómo se ha respetado este derecho en la decisión

La decisión tomada por la Subsecretaría de la Niñez de la Provincia de Santa Fe es, a todas luces, de una legalidad absolutamente discutible en un contexto temporal en que el incumplimiento del Estado, de los plazos fijados para con la  “Familia Solidaria”, en cuanto a la guarda del niño – hoy de tres años- han sido violados
Esto implicaría, cuanto menos, la revisión e interpretación del marco legal para el caso particular y la toma de decisiones posteriores que deben estar –explícitamente- fundadas en el interés superior del niño.
No es ya el Estado quien incumplió las normas, nacionales e internacionales concernientes a la protección de la niñez, sino que son los funcionarios quienes han incumplido sus deberes públicos. Lo que es aún peor, intentaron remediarlo con una medida intempestiva, violenta y que no reparó en las circunstancias particulares – particularidad provocada por el incumplimiento de los propios funcionarios- sin ningún tipo de diálogo con la “Familia Solidaria”

El Estado viola la ley
Es necesario poner en duda el estigma de que los padres solidarios de “Kiki”, Sergio Gigliotti y Cristina Morla, realizan un planteo, pedido o exigencia “ilegal”. Cabe, si, preguntarse si los funcionarios de la Subsecretaria de la niñez provincial, no han incurrido en el ejercicio abusivo de poder, violencia institucional e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Las terribles escenas vividas en las oficinas del organismo el último jueves 18 de Enero, pudieron ser evitadas en los hechos protegiendo de semejante desgarro al niño, en primer orden, pero también a Sergio y Cristina por lo que están siendo obligados a vivir.
En una sociedad preñada de egoísmos, violencia e intolerancia, dos ciudadanos repletos de sensibilidad brindan: el tiempo. No dan “lo que sobra”.
Gigliotti y Morla dejaron la piel para modificar la suerte de un chiquito desamparado – aunque el pseudoprogresismo se sienta cómodo modificando el lenguaje, la palabra para ese pequeño es “des amparo”- y fueron tratados por los empleados, que ejercen eventuales funciones en el Estado, de manera degradante, agresiva.
Dos personas que deberían ser resguardas, premiadas, esgrimidas como ejemplo, por el Estado, siquiera fueron contenidos, acompañados, ayudados a comprender su propia situación

La sociedad necesita de cientos de Cristinas y Sergios, pero el Estado, hombres y mujeres que trabajan, ocasionalmente, en él, los reducen a una angustia que se imagina insoportable, sólo comparable a la de ese pequeño que fue despojado de su mundo conocido y de referencia.
Sergio Gigliotti, declaró que “no viví el terrorismo de Estado, pero imagino que habrá sido muy parecido a lo que estamos pasando en este momento”. Siquiera se puede apelar, en este caso, a “salvar las distancias”. La “obediencia debida”, aparente, de agentes del Estado actúan en su nombre y con el poder que les otorga esa fuerza represiva, inanimada, que es la burocracia.  Se hace amo y señor de la vida de los ciudadanos. Los somete a un acto de amor, luego los despoja arbitraria y violentamente disponiendo de la suerte de menores sin ningún tipo de razón – públicamente “razonada”-  y lo hace en nombre de una gestión.
No es “Terrorismo de Estado”…pero cómo se le parece.

La Niñez  de la Subsecretaría

Mónica Barroso Bonvicini, directora provincial de la Subsecretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia, debería dar un paso al costado y no por una cuestión de castigo ni reproche, sino por la demostrada incapacidad de ponerse a la altura de una situación que debe ubicar a los funcionarios en un rol contemporizador en momentos como este. Incluso antes de analizar su correcto desempeño –al menos en este caso- resulta intolerable que en sus declaraciones públicas polemice con las intenciones de una familia solidaria y deje entrever la intencionalidad de Sergio y Cristina. Hablar de un “Contrato firmado entre el Estado y la familia solidaria en el que se sabe “ad nitio” que no podrán transformarse en padres adoptivos al no ser parte del RUAGA (Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos) siendo qua hay otros postulantes que están a la espera de una adopción”, es desconocer que aquí no puede importar, ni anteponerse, las vicisitudes “contractuales” –dado que el niño es sujeto de derecho y no objeto, sobre todo desde la sanción del nuevo Código Civil argentino.

¿Quién actúa “legalmente”?

Los intereses y derechos de los adultos son absolutamente secundarios ante el Interés Superior del niño – cuestión emanada del ordenamiento legal, aunque debería serlo también la sensibilidad y el sentido común del propio sistema-  sea cual fuera la razón por la que el niño debería haber estado 18meses y no 6  en guarda transitoria con la familia Gigliotti / Morla

La absurda y mencionada contingencia de “no poder acceder a contactarse con la madre biológica” para que dé el consentimiento para que el niño pueda ser adoptado, es una absoluta mentira que deberá investigarse. La realidad se impuso y Kiki lleva 1 año y 8 meses de su vida, de sus escasos tres años, con su”Familia Solidaria”, por lo que debe tenerse en cuenta la ley 26.061 de “Protección de niños, niñas y adolescentes” que establece, en su artículo 3° inciso f) que “debe respetarse al niño y su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia.”
Esta ley fue violada intempestivamente y sin contemplaciones por el propio Estado, es por eso que, en el sendero de confiar en la ley, nuestra solidaridad con kiki y familia, tiene fundamentos legales que acompañan el sentido común y humanitario.
Tanta indignación ante la manipulación para con un niñito, tan pequeño, que encontró algo de paz y cotidianidad en quien nombró “Papá y Mamá”, tiene sustrato legal. El enojo tiene una razón de ser jurídica que protege al menor y condena la ineficacia de los funcionarios que aducen, con absoluta impunidad, que en un año y ocho meses no pudieron dar con la madre de Kiki, a pesar que hace un año la madre biológica estaba pariendo a su hermanito y dándole, posteriormente, la identidad al pequeño.

¿A quién protegen los funcionarios de Niñez? ¿Al niño de 3 años? ¿A una gestión de 10 años? ¿O apenas es una acción de sobrevivencia en el ámbito de ese software insensible que los tiene como ejecutores de programas? ¿Es el propio traste lo que pone tan nerviosos a los funcionarios que no son capaces de acercarse a la familia solidaria y evitar un enfrentamiento absurdo y macabro?