Pablo Benito – El niño – abusado por sus abuelos y un tío- junto a su madre, no consiguen paz. Todo parecía encaminado, por fin, hasta que en los últimos días una serie de resoluciones de la Cámara, en razón de la Audiencia a realizarse este miércoles 31 de octubre a las 8,30 hs y que deberá tratar la apelación de la prisión preventiva, enrareció el ambiente.

La Cámara, en su contestación a una aclaratoria solicitada por la acusación –fiscales y querella – deja entrever, con claridad meridiana, su decisión de revocar el fallo de prisión preventiva y dejar libres a los tres condenados.

En la resolución mencionada, firmada por los Dres. Andrés, Creus y Netri, fundamenta su omisión a los plazos procesales fijados por el código santafesino y apresura la realización de la audiencia, para ratificar o rechazar, la prisión preventiva otorgada a los condenados, basados en que “se encuentra en debate una situación de prisión preventiva que resulta ATIPICA dentro del proceso, pues es ordenada en una sentencia de juicio, la cual no se encuentre firme.” Está afirmación, deliberadamente parcial y que pre-juzga lo que debería tratarse en la audiencia, deja poco lugar, incluso, a la suspicacia.

La “ATIPICIDAD”, en el derecho penal, refiere a la ilegalidad ya que es el “tipo penal” el que describe la conducta antijurídica.
Esta resolución parecería, además, dejar la puerta abierta para que el Tribunal sea recusado por su parcialidad manifiesta.
No obstante, es llamativo la “Atipicidad” de la prisión preventiva anunciada, ya que se funda en que ésta fue ordenada por una sentencia en juicio cuando fue un tribunal ajeno, al que dispuso la condena, quien resolvió las circunstancias por las que se estableció la prisión preventiva de los tres condenados.

Razones tienen la acusación para preocuparse. El núcleo familiar cercano de la víctima ha sido sometido, desde el momento mismo de la visibilización y denuncia de los hechos sufridos por un niño entre sus 6 y 9 años en que fueron sus abuelos –  ni más ni menos- quienes cometieron el abuso, a todo tipo de violencia institucional, amenazas que los obligaron a abandonar Esperanza y “esconderse” de sus agresores, aprietes en el mismo tribunal a representantes del menor.

Tanta oscuridad en estos cuatro años de proceso doloroso y revictimizante para los denunciantes, justifica el alerta ante una serie de oscuridades que se vienen sucediendo en la causa. Es que nadie comprende como los condenados han podido solventar un proceso con abogados privados que no son, precisamente, los más accesibles. Asalariados privados de una importante industria, pero asalariados al fin y un agente policial han tenido una asistencia de privilegio que no importa delito alguno – claro está- pero que da a suponer que algo más se juega, en este juicio, que la libertad de tres sujetos con un grado de perversidad que no ha sido condenada por la comunidad en su ciudad de origen, Esperanza.

No son infundadas las sospechas si se tiene en cuenta que existe una Justicia para pobres y otra para ricos – que pueden abonar fianzas, por ejemplo- hecho que adquiere su máxima relevancia en el conocido “Caso Dolinsky” en que el renombrado y millonario empresario de la ciudad transcurre su proceso con la posibilidad de concurrir a su trabajo, con prisión domiciliaria, a partir del pago de una fianza, en un siniestro caso de abuso con acceso carnal a una pequeña de 11 años.